El Banco Mundial reveló hace poco su informe anual sobre la clasificación de países por su nivel de ingreso, una métrica importante que afecta las políticas de cooperación internacional, el acceso a financiación y la percepción económica a nivel mundial. En este informe actualizado, Ecuador sigue siendo parte del grupo de naciones categorizadas con ingresos medios-altos, lo que indica una estabilidad económica, pero también muestra los retos estructurales que debe superar para llegar a un desarrollo más avanzado.
El Banco Mundial clasifica a los países según el ingreso nacional bruto (INB) per cápita, utilizando el método del Atlas para suavizar las variaciones en los tipos de cambio y lograr comparaciones más exactas entre las economías. Para el año 2026, los límites establecidos son: para países de ingreso bajo, un INB per cápita de hasta 1.145 dólares; para aquellos de ingreso medio-bajo, entre 1.146 y 4.515 dólares; para los de ingreso medio-alto, de entre 4.516 y 14.005 dólares; y para los de ingreso alto, salarios por habitante que superen los 14.005 dólares.
Ecuador ha sido clasificado como un país de ingreso medio-alto desde 2007, aunque ha experimentado ciertas variaciones durante tiempos de incertidumbre económica. En el informe más reciente, el país alcanzó un ingreso per cápita aproximado de 6.180 dólares, lo que lo ubica aún dentro de esta categoría, pero todavía distante del límite necesario para unirse al grupo de naciones de ingreso alto.
Este enfoque tiene implicaciones importantes tanto internas como externas. Por una parte, afecta el acceso a financiamientos en condiciones ventajosas de instituciones multilaterales, puesto que muchos proyectos se enfocan en naciones con ingresos bajos o medianos-bajos. Por otra parte, define en cierta medida la posibilidad de acceder a ciertos tipos de colaboración internacional, exenciones de tarifas o ventajas comerciales.
En el plano nacional, la clasificación pone de relieve la necesidad de continuar con reformas que impulsen el crecimiento económico sostenido, la formalización del empleo y la reducción de la pobreza. Si bien el ingreso promedio ha mejorado en los últimos años, persisten brechas significativas entre regiones, sectores productivos y grupos sociales. La economía ecuatoriana aún muestra una alta dependencia de las exportaciones de petróleo y de remesas, y enfrenta desafíos en términos de diversificación productiva e inversión en infraestructura.
Además, factores como el desempleo estructural, el subempleo, la informalidad laboral y la desigualdad de acceso a servicios básicos continúan afectando la calidad de vida de millones de ciudadanos, a pesar del estatus de ingreso medio-alto. De hecho, múltiples estudios han advertido que esta categoría puede enmascarar realidades socioeconómicas complejas, en las que una parte significativa de la población aún vive con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades esenciales.
El informe también revela que algunos países han logrado mejorar su clasificación, mientras otros descendieron. En América Latina, se destacan casos como los de Guyana, que subió al grupo de ingreso alto gracias a un boom petrolero, y Nicaragua, que retrocedió al rango de ingreso medio-bajo debido a un descenso en su producto interno bruto per cápita. Estos cambios reflejan tanto el dinamismo de las economías regionales como la sensibilidad de las estadísticas a eventos políticos, sociales o externos como los precios de materias primas o la inflación global.
En el caso de Ecuador, mantener el estatus actual significa que, aunque no ha habido un retroceso, tampoco se ha alcanzado una transformación estructural que permita aspirar a niveles más altos de desarrollo económico. Para avanzar hacia esa meta, los expertos insisten en la importancia de fortalecer la institucionalidad, fomentar el clima de inversión, mejorar la calidad educativa y consolidar un sistema tributario más eficiente y progresivo.
La clasificación del Banco Mundial, más allá de ser un dato técnico, ofrece una radiografía útil sobre el estado de las economías y sirve como punto de partida para políticas públicas orientadas al crecimiento inclusivo y sostenible. En ese sentido, el reto para Ecuador no sólo consiste en mejorar sus cifras macroeconómicas, sino también en garantizar que ese crecimiento se traduzca en bienestar real y equitativo para toda la población.
