El proceso de selección para la renovación del Consejo de la Judicatura en Ecuador ha encendido nuevas alertas sobre la transparencia institucional. En el centro de la polémica se encuentra Mario Godoy, actual presidente del organismo judicial, quien busca su reelección para un nuevo período de seis años. La controversia se agudiza por la participación de Christian Troya, excolaborador de Godoy, como parte de la comisión técnica que evaluará a los aspirantes.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es la entidad encargada de supervisar y llevar adelante este proceso. Tras varios tropiezos legales e impugnaciones, el proceso fue reactivado con la inclusión de una nueva terna, en la cual figura Godoy como postulante. Esta postulación fue viabilizada luego de que la Corte Nacional de Justicia rechazara a uno de los candidatos propuestos por la Asamblea, lo que dejó abierta la puerta para que el actual titular del Consejo de la Judicatura intente permanecer en el cargo hasta 2031.
El interés se ha situado en Christian Troya, quien ahora representa a una de las consejeras del CPCCS en el grupo designado para evaluar las solicitudes de los candidatos. Troya desempeñó funciones bajo la supervisión de Godoy en el Consejo de la Judicatura como subdirector de Comunicación, lo que implica una relación jerárquica anterior entre ellos. En su papel dentro del comité técnico, Troya tendrá la tarea de analizar las cualificaciones de los candidatos y proporcionar criterios técnicos, incluyendo aquellos relacionados con el expediente de su antiguo supervisor directo.
A pesar de la clara conexión profesional anterior, en el CPCCS se ha tratado de minimizar la posible disputa de interés. Los líderes de la entidad han defendido que la selección de los miembros técnicos es responsabilidad de cada consejería y que no se infringe la normativa vigente. Sin embargo, múltiples voces de la comunidad civil y algunos políticos han solicitado una reevaluación del caso para asegurar la objetividad y la legitimidad del proceso.
El cuestionamiento ético no se limita al vínculo entre Troya y Godoy. Detrás de esta candidatura también se ha identificado una estructura de apoyo político que involucra al entorno cercano del expresidente del Consejo de Participación, Fausto Jarrín, y a otros asesores que habrían influido en la configuración actual del proceso. Se señala que varios funcionarios relacionados con este círculo han sido colocados estratégicamente en dependencias clave como el CPCCS, el propio Consejo de la Judicatura y la Asamblea Nacional.
Organismos dedicados a la vigilancia de elecciones y justicia han expresado que, aun cuando las normas actuales no clasifican directamente este hecho como prohibido, hay principios como la transparencia, integridad y objetividad que deberían dominar. Para dichos organismos, la inclusión de Troya en el comité supone una transgresión al espíritu del concurso público, al menos desde el punto de vista de cómo lo percibe la ciudadanía.
El escenario plantea un riesgo mayor si se considera que el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración de la justicia ordinaria en Ecuador. Cualquier irregularidad en su renovación comprometería la confianza en el sistema judicial y abriría la puerta a nuevas impugnaciones legales y cuestionamientos institucionales.
En este contexto, crecen las expectativas sobre si el CPCCS tomará decisiones para evitar que este proceso termine desacreditado. Mientras tanto, Godoy continúa en funciones y, al mismo tiempo, como candidato en evaluación, lo cual profundiza la preocupación sobre la independencia real del proceso.
La situación deja al descubierto una falla en los mecanismos de prevención de conflictos de interés en las instituciones públicas del país, alimentando el escepticismo ciudadano respecto a la renovación de autoridades judiciales sin intervención política. Todo ello en un momento clave para la estabilidad y legitimidad de la justicia en Ecuador.
