El presidente Daniel Noboa ha anunciado una nueva fase de reorganización del aparato estatal, que implica una reducción significativa de ministerios, secretarías y otras entidades del Ejecutivo. Esta medida se presenta como parte de un proceso de racionalización del Estado, con el que el Gobierno busca optimizar recursos, mejorar la eficiencia administrativa y proyectar una imagen de austeridad frente a las crecientes demandas sociales y el contexto de restricciones fiscales.
Esta es la segunda reestructuración significativa desde que Noboa tomó el mando, y es una de las más profundas desde el término del periodo correísta. Esta medida afectará directamente la organización central del Gobierno, reduciendo de 25 a 16 las entidades entre ministerios y secretarías principales, según declaraciones de portavoces oficiales. El ajuste comprende la combinación de carteras, la eliminación de funciones redundantes y la disolución de órganos que, según el Gobierno, ya no son cruciales para alcanzar los objetivos gubernamentales.
El Ministerio de Producción y Comercio Exterior, por ejemplo, absorberá competencias que antes estaban distribuidas en entidades más pequeñas vinculadas al fomento industrial y la atracción de inversiones. A su vez, el Ministerio de Educación asimilará tareas que eran responsabilidad de secretarías especializadas en educación intercultural y formación profesional técnica.
Desde el Gobierno se sostiene que la disminución posibilitará un considerable ahorro en costos administrativos, como sueldos, rentas, autos oficiales y consultorías. Aún no se ha definido una cifra exacta, pero fuentes oficiales calculan que el impacto en el presupuesto será notable desde la segunda mitad del año.
La medida también ha sido presentada como una forma de eliminar la burocracia excesiva, que según el Gobierno, ha entorpecido la capacidad de respuesta institucional y generado duplicidades en la ejecución de programas públicos. En palabras del propio presidente, el objetivo es construir un Estado «más ágil, menos costoso y más útil para la gente».
Aunque la reestructuración ha sido objeto de críticas, varios analistas señalan que suprimir ciertas secretarías podría dejar a grupos vulnerables sin la atención necesaria o disminuir la capacidad del Estado para llevar a cabo políticas públicas especializadas. Además, existe inquietud sobre el proceso de transición y los posibles despidos de empleados en medio de una situación económica que ya está bajo presión.
Organizaciones sociales y colectivos ciudadanos han solicitado que la reconfiguración se lleve a cabo con criterios técnicos y no meramente políticos. Subrayan la necesidad de mantener, o incluso fortalecer, las capacidades institucionales en áreas sensibles como derechos humanos, ambiente, salud y atención a grupos históricamente excluidos.
Mientras tanto, desde el Gobierno se afirma que todos los grupos recibirán la atención necesaria y se implementarán sistemas de seguimiento para asegurar que las tareas esenciales se lleven a cabo de manera eficiente. Además, se ha informado que, en situaciones específicas, se firmarán acuerdos con municipios o administraciones provinciales para descentralizar algunas responsabilidades y acercar la administración pública a las regiones.
La decisión de Noboa marca un giro hacia una gobernanza más concentrada y con menos interlocutores dentro del aparato estatal. La medida, según sus impulsores, busca adecuar la administración pública a las condiciones actuales del país y dejar atrás una estructura sobredimensionada que respondía a un modelo político distinto.
Con esta reorganización reciente, el Gobierno busca establecer una narrativa centrada en el cambio, la austeridad y la eficiencia. Sin embargo, el impacto real de estas acciones solo se podrá medir conforme pase el tiempo, momento en el cual se verá si el Estado mantiene su capacidad de respuesta, mientras disminuye sus costos y optimiza su funcionamiento. En este momento, la nación se adentra en un nuevo periodo de ajuste institucional, donde se desafiará el equilibrio entre la eficiencia y la cobertura social.
