El pasado martes 17 de junio de 2025, el pleno del Consejo de Administración Legislativa (CAL) remitió a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa el tercer proyecto de ley económica urgente presentado por el presidente Daniel Noboa. La decisión fue adoptada por unanimidad, a instancias de una moción formulada por una asambleísta, y tiene como objetivo impulsar la protección de áreas naturales y promover el desarrollo local sostenible.
Entorno y procesos del envío
Este reciente proyecto simboliza la tercera iniciativa urgente con orientación económica que el Ejecutivo ha dirigido a la Asamblea durante las primeras semanas de este gobierno. Las dos anteriores trataron cuestiones delicadas, como el combate contra economías informales relacionadas con el crimen organizado y la reforma de integridad en la contratación pública, mostrando un fuerte empuje hacia reformas estructurales.
Metas fundamentales del proyecto
Es referente a la Ley para la Rescate de Zonas Protegidas y el Fomento del Crecimiento Comunitario, la cual tiene como propósito alcanzar estos objetivos concretos:
- Conservación y sostenibilidad: implementar estrategias innovadoras para revivir, cuidar y monitorear áreas protegidas ante riesgos como la minería ilegal, la deforestación y actividades de grupos armados.
- Valoración de servicios ambientales: establecer beneficios económicos para las comunidades debido a su papel en la preservación de los ecosistemas y apoyar una economía verde con incentivos para prácticas responsables.
- Turismo sostenible: fomentar iniciativas de turismo ambiental, científico y recreativo, promoviendo inversión tanto pública como privada, con medidas para garantizar el cuidado del medio ambiente y la creación de empleo local.
Proceso legislativo urgente
El Comité de Crecimiento Económico ha sido encargado con la evaluación técnica y la elaboración del informe para la primera discusión. Se cuenta con un periodo de diez días para completar esta tarea, al cabo del cual deberán entregar sus hallazgos. Además, se ha fijado un lapso de cinco días para recoger las opiniones públicas, en conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, asegurando así una etapa de participación ciudadana elcomercio.com+7canalrtu.tv+7ecuador221.com.ec+7.
Integración con otras iniciativas
Durante la misma sesión legislativa, el CAL asignó también a otra comisión un proyecto impulsado por el Defensor del Pueblo para eliminar la servidumbre de la gleba, y a la Comisión de Desarrollo Económico se le encomendó revisar una reforma a la Ley de Fomento Artesanal. Esto evidencia una agenda legislativa multidimensional con un enfoque integrado en lo económico, social y ambiental.
Implicaciones y beneficios potenciales
El plan es crucial por distintas razones:
- Reconstrucción del rol estatal: retomar la gestión de territorios afectados por economías ilegales y reestablecer la presencia institucional.
- Impulso económico local: generación de empleo mediante actividades turísticas y de servicios, especialmente en comunidades rurales vulnerables.
- Turismo sostenible: posicionar zonas protegidas como destinos ecológicos para visitantes nacionales e internacionales, con reglamentos ambientales y seguridad.
- Propuestas tecnológicas y logísticas: se prevé el uso de herramientas tecnológicas para monitoreo territorial y apoyo de fuerzas de seguridad donde sea necesario.
Posibles debates y riesgos
- Privatización vs. gestión pública: sectores críticos advierten sobre concesiones a entidades privadas en áreas estratégicas, llamando a mantener la soberanía estatal sobre los recursos naturales.
- Cumplimiento constitucional: hay vozes que piden verificar que el proyecto no incurra en vicios como mezclar materias (ambiental, penal, económica) dentro de una sola norma urgente, lo que podría atrasar o invalidar su tratamiento.
Próximas etapas y retos
Dentro de unos días:
- La Comisión debe elaborar el informe con aportes técnicos, jurídicos y ambientales.
- Se realizarán sesiones abiertas para integrar comentarios de la ciudadanía y organizaciones.
- Tras el primer debate en Pleno, sería necesario definir una discusión más amplia, incorporando visión de ministerios, organismos ambientales y autoridades locales.
- Habrá que vigilar el cumplimiento del plazo y la metodología participativa para garantizar legitimidad.
