El pasado 18 de junio, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo N.º 36, introduciendo reformas significativas al Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público. El propósito principal es optimizar el manejo de recursos estatales, particularmente en la contratación de seguros médicos privados y la adquisición de vehículos por parte del sector público.
Restricción de seguros de salud privados financiados con recursos del Estado
La modificación implica una prohibición clara para que los organismos estatales usen fondos públicos para cubrir seguros médicos privados de sus empleados. Esto se especifica de manera explícita en la versión revisada del artículo 235, que indica que:
“Está terminantemente prohibido que el Estado pague seguros médicos privados para los funcionarios, utilizando fondos públicos”
Esta medida pretende eliminar cualquier carga fiscal innecesaria para el erario y fomentar una mayor equidad, evitando que algunos servidores tengan acceso a beneficios exclusivos no disponibles para el conjunto de empleados públicos.
No obstante, se mantienen las pólizas de seguro de vida para trabajadores que desempeñen actividades de alto riesgo, siempre y cuando existan fondos asignados y los montos estén en conformidad con los límites que defina el Ministerio del Trabajo. Esto busca proteger al personal expuesto a peligros, sin incurrir en gastos generales para todos los servidores.
Además, para los funcionarios que viajan con fines internacionales, es obligatorio contar con un seguro médico internacional que ofrezca cobertura completa, a menos que una organización externa al viaje proporcione dicho seguro. Esta regulación asegura una supervisión precisa sobre la protección fuera del país, garantizando que el Estado cumpla con su deber sin ofrecer beneficios duplicados.
Límites para la adquisición de autos de lujo
Otra acción importante es restringir la compra de coches de lujo para el servicio público. Se confirma que no es posible adquirir autos de alta gama, a menos que se justifique por razones de seguridad o tareas especiales, como vehículos blindados o con tecnología avanzada.
Las excepciones solo se permitirán cuando se cumplan dos requisitos fundamentales:
- Justificación del riesgo o necesidad operativa mediante informes detallados.
- Aprobación por parte de la Secretaría General Administrativa de la Presidencia, además de disponibilidad presupuestaria
Para las misiones oficiales en el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores regulará las adquisiciones de vehículos diplomáticos, ajustándolas a criterios de eficiencia y volumen presupuestado .
Objetivos, alcance e impacto
El reglamento pretende prevenir el gasto excesivo de fondos públicos en beneficios no bien fundamentados y fomentar una cultura de austeridad en la administración pública. Al suprimir los seguros médicos privados financiados por el gobierno, se disminuye al mismo tiempo la carga sobre el presupuesto y se incentiva a los funcionarios a usar el sistema de salud pública o a cubrir de su bolsillo sus servicios privados.
En cuanto a los vehículos, la prohibición de automóviles costosos refuerza el compromiso de la administración con el uso responsable de los fondos estatales. Solo se autorizarán unidades que cumplan funciones esenciales o de alto riesgo, y con aprobación técnica y presupuestaria.
Los seguros para viajes al exterior quedan regulados para garantizar la atención médica de los servidores durante comisiones oficiales, sin que eso implique desembolsos redundantes por parte del Estado.
Consistencia y relación con otras medidas
Este reglamento es una de las diversas iniciativas adoptadas por el gobierno para disminuir los costos innecesarios y mejorar la transparencia. Se enfoca en optimizar los recursos, con antecedentes que contemplan limitaciones en otro tipo de gastos no esenciales en instituciones públicas.
Al aplicar estos cambios, el Ejecutivo busca enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas. Además, restaura la confianza en la gestión del Estado y alinea el funcionamiento del sector público con estándares de eficiencia y equidad.
Desafíos y perspectivas a futuro
Para que las reformas surtan efecto, será crucial:
- Monitoreo y fiscalización continuos por parte de organismos de control y auditoría interna.
- Ajuste regulatorio interno, con directrices claras para presupuestalistas y responsables en ministerios.
- Comunicación institucional efectiva, explicando las razones del decreto y su impacto positivo.
- Evaluación de resultados, revisando ahorro fiscal y posibles efectos negativos para la protección del personal.
