El gobierno de Ecuador reveló una acción inédita en el área: la prohibición de entrada al territorio, durante 40 años, de mil ciudadanos colombianos que fueron expulsados tras finalizar sentencias en suelo ecuatoriano. La resolución fue ratificada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien explicó que esta acción es parte de una política estricta de seguridad contra el crimen transnacional.
La salida masiva inició el viernes anterior y siguió a lo largo del fin de semana, trasladando a más de 800 internos desde múltiples prisiones del país hacia la frontera con Colombia, pasando por el puente internacional de Rumichaca. De acuerdo con las autoridades de Ecuador, los presos retornados cumplían sentencias por crímenes como hurto, tráfico de drogas, posesión de armas, receptación y otros delitos comunes. No se informaron incidentes de condenas por crímenes políticos o de lesa humanidad.
Reimberg aseguró que la medida tiene como principal objetivo reducir la presión sobre el sistema penitenciario ecuatoriano, que atraviesa una profunda crisis de hacinamiento y violencia desde hace años. “No podemos permitir que ciudadanos extranjeros que han delinquido en nuestro país regresen a reincidir. El Estado ecuatoriano está en su derecho de proteger su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos”, expresó.
El proceso de deportación se enmarca en un acuerdo ministerial firmado a inicios de julio, que facultó a las autoridades migratorias a iniciar la expulsión de reos extranjeros. Cada uno de los internos tuvo una audiencia individual, tras la cual jueces emitieron boletas de excarcelación. La Secretaría de Migración ejecutó las deportaciones con base en esas órdenes judiciales y, según el Ministerio del Interior, bajo protocolos que respetaron los derechos humanos y garantías básicas.
Sin embargo, la medida ha generado incomodidad en el gobierno colombiano, que consideró la decisión como unilateral y carente de coordinación diplomática previa. Desde Bogotá, voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestaron preocupación por la falta de aviso formal y denunciaron que Colombia no fue informada con suficiente antelación para organizar la recepción de los repatriados. Algunos de los deportados habrían llegado sin una adecuada identificación ni documentación, lo que dificultó su ingreso ordenado en territorio colombiano.
Más allá del desplazamiento, lo que causó más controversia fue el anuncio sobre la prohibición de entrada. Las autoridades de Ecuador confirmaron que a los mil ciudadanos colombianos expulsados se les impedirá regresar al territorio ecuatoriano hasta el año 2065. Esta restricción se mantiene aunque los individuos cumplan con las normativas migratorias en el futuro o no tengan antecedentes penales una vez en Colombia.
Organismos de derechos humanos y analistas en derecho internacional han empezado a debatir la legalidad y proporcionalidad de esta decisión. Si bien la ley de Movilidad Humana de Ecuador permite restricciones de ingreso en casos específicos, el veto generalizado por 40 años podría ser cuestionado ante instancias internacionales, por considerarse una sanción colectiva y potencialmente discriminatoria.
Desde una perspectiva interna, el gobierno ecuatoriano justifica la decisión como una parte del llamado «Plan Fénix», promovido por el presidente Daniel Noboa para retomar el control sobre el sistema penitenciario, hacer frente a las mafias internacionales y disminuir el exceso de población en las prisiones. La táctica también ha abarcado la militarización parcial de ciertos centros de detención y el traslado de cabecillas delictivos a cárceles de máxima seguridad.
Colombia, por su parte, enfrenta ahora el reto de recibir a una gran cantidad de reclusos en libertad, lo que podría aumentar la presión sobre su propio sistema penitenciario y judicial. Aunque la mayoría de los deportados ya cumplió su condena en Ecuador, algunos de ellos aún tienen asuntos legales pendientes en su país de origen.
La resolución tomada por el gobierno de Ecuador inicia un nuevo capítulo en la política migratoria y penitenciaria de la región, lo cual podría tener consecuencias diplomáticas a largo plazo. Por otro lado, ambas naciones deberán desarrollar mecanismos de colaboración más robustos para impedir que estas decisiones provoquen mayores tensiones en un entorno ya caracterizado por la inseguridad, la migración irregular y el estrés sobre los sistemas judiciales.
