La problemática de las personas sin hogar en Estados Unidos sigue aumentando, alcanzando cifras históricas que superan los 770,000 afectados en 2024. Aunque es la mayor economía global, con un Producto Interno Bruto que ronda los 30 billones de dólares, el país enfrenta dificultades persistentes para asegurar vivienda y asistencia a sus ciudadanos más vulnerables. Este fenómeno ha generado un intenso debate sobre las acciones emprendidas por la administración del presidente Donald Trump, quien recientemente reveló políticas que incluyen el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., el fortalecimiento del cuerpo policial y la puesta en marcha de órdenes ejecutivas que buscan reubicar a las personas sin hogar lejos de las calles.
El presidente estadounidense explicó las acciones, afirmando que tienen como objetivo «liberar» la capital de lo que él ve como conductas indeseables de personas sin hogar y de la criminalidad. No obstante, las autoridades locales, lideradas por la alcaldesa Muriel Bowser, describieron estas iniciativas como «sorprendentes e inadecuadas», subrayando que los crímenes violentos han disminuido a niveles históricamente bajos en la ciudad en los últimos años, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Washington D.C.
Cifras récord y crecimiento sostenido
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) lleva a cabo un conteo anual de las personas sin hogar desde 2007, y el más reciente registro de enero de 2024 mostró 771.480 individuos viviendo en la calle, un incremento del 18% respecto al año anterior. El aumento se ha dado en todas las categorías poblacionales, con un crecimiento particularmente significativo del 40% entre familias con hijos, casi 150.000 menores que enfrentan la falta de un hogar.
Por otro lado, la cantidad de veteranos sin hogar ha bajado un 8%, mostrando mejoras en iniciativas específicas para exmilitares. En el grupo que no cuenta con refugios, la disminución fue incluso más significativa, alcanzando un 11%, sumando un total de 13.851 individuos.
El reporte del HUD señala que este aumento se debe a diversos elementos, como la crisis de vivienda a nivel nacional, la finalización de los apoyos federales durante la pandemia, incluyendo las moratorias de desalojo y el Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler, además de la presión demográfica causada por la llegada de migrantes que buscan asilo. Las zonas con un mayor ingreso de migrantes han experimentado un incremento en el número de familias sin hogar, superando por más del doble al registrado en otras regiones del país.
Razones estructurales de la crisis
Especialistas y organizaciones dedicadas a la erradicación de la falta de vivienda subrayan que la problemática es compleja, estructural y multifactorial. Entre los principales factores destacan la escasez de viviendas asequibles, la brecha creciente entre ingresos y costos de alquiler, el acceso limitado a la atención médica y servicios sociales, así como el racismo y la marginación sistémica.
De acuerdo con la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), un empleado típico que recibe el salario mínimo tendría que laborar 104 horas a la semana para pagar un apartamento de una habitación. En Estados Unidos, se calcula que faltan 7,1 millones de viviendas de alquiler asequibles para personas con ingresos extremadamente bajos, lo que equivale a solo 35 unidades disponibles por cada 100 familias que cumplen con los requisitos.
Además, la ausencia de un sistema de salud pública universal empeora la situación. Tres de cada cuatro adultos se sienten inquietos por no poder asumir costos médicos imprevistos, y un 61% de aquellos sin seguro privado ha demorado obtenerlo debido al costo. Estas restricciones generan pérdida de vivienda, sobre todo entre personas mayores que se vuelven indigentes después de cumplir 50 años.
Nuevas políticas y debate
La directriz emitida por el presidente Trump en julio se centra en penalizar la mendicidad y el desorden público, asociando la mayoría de las situaciones con adicciones o trastornos mentales. Este mandato instruye a la fiscal general a anular ciertos precedentes legales y a fomentar el ingreso involuntario de personas con trastornos mentales que no puedan autogestionarse.
Expertos, como Margot Kushel de la Universidad de California, califican la medida de «excesivamente simplista y distorsionada», al tiempo que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) advierte sobre riesgos de vigilancia, invasión de la privacidad y criminalización de la pobreza.
Asociaciones dedicadas a la ayuda enfatizan que la clave está en implementar políticas completas que traten las causas fundamentales: acceso a casas accesibles, fortalecimiento de los servicios sociales y de salud, y acciones inclusivas que disminuyan la exclusión. Penalizar la situación de calle, de acuerdo con estos expertos, no promueve comunidades más seguras y puede agravar la situación de aquellos que ya se encuentran en una vulnerabilidad extrema.
