El Estado ha introducido una normativa reciente que crea un sistema de evaluación y control dirigido a los servidores públicos, incorporándose como parte integral de la Ley de Integridad Pública. Esta regla, que ya es operativa, tiene como objetivo reforzar los principios éticos y de rendimiento en el ámbito gubernamental, definiendo métodos que pueden culminar en el cese de empleados que no cumplan con sus obligaciones o realicen actividades contrarias a la integridad gubernamental.
Uno de los pilares del reglamento es el Sistema de Evaluación de la Integridad, el cual se aplicará a funcionarios y servidores de todas las instituciones de la administración pública, incluidos ministerios, empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, y demás entidades del Estado. Esta evaluación no se limita únicamente al análisis de la gestión técnica o administrativa, sino que incorpora parámetros éticos, de conducta y cumplimiento normativo.
El sistema contempla una metodología de evaluación periódica, en la que se considerarán indicadores de transparencia, uso adecuado de recursos públicos, cumplimiento de funciones, y actuación frente a situaciones de conflicto de intereses. Las instituciones deberán implementar sus propias unidades responsables de llevar a cabo estas evaluaciones, pero bajo lineamientos comunes definidos por la autoridad nacional en materia de integridad pública.
Las consecuencias del resultado de estas evaluaciones pueden ser significativas. Si un servidor público obtiene una calificación negativa reiterada o se detectan infracciones graves a los principios establecidos, se activarán procedimientos que pueden derivar en medidas disciplinarias, entre ellas la destitución del cargo. Estas acciones, sin embargo, deberán respetar el debido proceso y garantizar el derecho a la defensa del evaluado.
Además de la evaluación, el reglamento obliga a todos los servidores públicos a presentar una declaración de intereses, que deberá actualizarse anualmente o cada vez que se produzca un cambio relevante en la situación del declarante. Esta declaración busca identificar posibles conflictos de interés que puedan comprometer la imparcialidad del funcionario en el ejercicio de su cargo.
Otro componente esencial del reglamento es el establecimiento de una estrategia para la prevención de la corrupción, que todas las instituciones del sector público deberán implementar. Esta estrategia abarcará medidas como formaciones obligatorias, vías para denuncias anónimas, mecanismos de protección para los denunciantes y auditorías internas dirigidas a áreas de alto riesgo.
En cuanto al rol de las autoridades institucionales, el reglamento les asigna la responsabilidad directa de promover un ambiente de integridad, garantizando la correcta implementación de los mecanismos establecidos. En caso de omisión o negligencia, también podrían enfrentar sanciones. El cumplimiento de estos lineamientos será auditado por entes de control como la Contraloría General del Estado y el organismo rector de la política de integridad.
El inicio de la aplicación de este reglamento representa una transformación en la cultura administrativa del sector público, al concentrarse no solo en la eficiencia operativa, sino también en la ética del servicio y la confianza del público. Esta medida tiene como objetivo prevenir la corrupción y reforzar la legitimidad de las instituciones a través de un sistema interno de control más estricto.
La aplicación de estas reglas se sitúa en un contexto donde existe una demanda social de mayor claridad en la gestión pública, debido a los casos de corrupción que han afectado la confianza en varias instituciones estatales. Con esta nueva perspectiva, el Gobierno pretende establecer los cimientos para una administración pública más honesta, efectiva y alineada con los estándares internacionales de buen gobierno.
En el futuro, se anticipa que las conclusiones de las evaluaciones y las medidas que se adopten como consecuencia de las mismas se puedan divulgar, al menos parcialmente, para promover la rendición de cuentas y el control por parte de los ciudadanos. Así, la evaluación de integridad se concibe no solo como un mecanismo de supervisión interna, sino también como una manera de desarrollar una administración pública más responsable y clara.
