El Gobierno de Ecuador comunicó la paralización completa del traslado de petróleo crudo mediante sus principales ductos, debido a los severos daños provocados por las fuertes lluvias que han golpeado distintas zonas del país. Esta decisión impacta directamente a dos infraestructuras clave: el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), los cuales son los responsables de transportar la mayor parte del petróleo ecuatoriano desde los campos en la Amazonía hacia los puertos de exportación ubicados en la costa.
Se tomó la decisión después de identificar hundimientos y deslizamientos de tierra en la región de Piedra Fina, una área históricamente susceptible situada en la provincia de Napo. Esta zona ya había enfrentado previamente emergencias parecidas que ponen en riesgo la integridad de los oleoductos. En este caso, el incremento del flujo de los ríos y la saturación del terreno a causa de las lluvias causaron nuevas fallas geológicas, lo que requirió la detención preventiva de todas las operaciones de transporte.
El Ministerio de Energía y Minas comunicó que la acción es provisional, aunque no indicó un plazo específico para reiniciar las operaciones. Las autoridades han puesto en marcha procedimientos de vigilancia constante en la región afectada y están colaborando con grupos técnicos para evaluar los daños y desarrollar opciones que aseguren la protección de la infraestructura y el entorno natural.
La paralización de los oleoductos representa un duro golpe para la economía del país, cuyo presupuesto nacional depende en gran medida de los ingresos por exportación de hidrocarburos. Ecuador produce alrededor de 480.000 barriles de petróleo diarios, y más del 60 % de esa producción es exportada. La suspensión del transporte interrumpe la cadena logística desde los campos hasta los puertos, afectando también a las operaciones de comercialización internacional.
En reacción a la crisis, las compañías encargadas de los oleoductos han comenzado procedimientos para retirar el petróleo restante en las tuberías, con el objetivo de evitar potenciales fugas o incidentes. Además, se han puesto en marcha planes de contingencia en los sitios de bombeo y almacenamiento para reducir los efectos operativos y ambientales.
A la par de las acciones técnicas, las autoridades han comenzado un diálogo con comunidades locales asentadas en la zona afectada, muchas de las cuales han expresado preocupación por el riesgo de desastres naturales, contaminación y afectaciones a sus medios de vida. Las lluvias también han provocado cortes de carreteras, inundaciones y daños a cultivos, profundizando la situación de vulnerabilidad en varias localidades amazónicas.
El evento meteorológico ha impulsado nuevamente la discusión sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras esenciales en regiones con inestabilidad geológica, así como sobre la importancia de destinar recursos a tecnología, mantenimiento preventivo y diversificación de fuentes de energía. Especialistas han señalado durante mucho tiempo el riesgo que enfrentan los oleoductos ante fenómenos naturales frecuentes, particularmente en áreas de alta inclinación y terrenos débiles como Piedra Fina.
A raíz de la emergencia, se ha planteado la posibilidad de recurrir al transporte terrestre temporal mediante cisternas, aunque esta solución es costosa, limitada en capacidad y riesgosa en términos ambientales. Mientras tanto, las exportaciones quedarán suspendidas o reducidas, lo que también podría tener un impacto en los compromisos internacionales de suministro.
El Gobierno ha señalado que la prioridad es garantizar la seguridad de la población, del medio ambiente y de los trabajadores de la industria petrolera. La suspensión se mantendrá hasta que se asegure la estabilidad del terreno y la operatividad de los oleoductos. En paralelo, se busca acelerar los estudios técnicos para desarrollar trazados alternativos o reforzar los existentes, lo cual podría requerir importantes inversiones en el mediano plazo.
La situación ocurre en un momento crítico para la economía ecuatoriana, marcada por la necesidad de estabilizar las finanzas públicas, atraer inversión y sostener el crecimiento. La interrupción del flujo petrolero genera incertidumbre sobre los ingresos fiscales proyectados y podría obligar al Ejecutivo a revisar sus planes presupuestarios y de exportación para lo que resta del año.
