El gobierno del presidente Daniel Noboa podría ampliar el alcance de la próxima consulta popular más allá de la ya aprobada reforma al artículo 5 de la Constitución, que permitiría el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador. Tres asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) —Nataly Morillo, Esteban Torres y Andrés Guschmer— confirmaron que se analiza incluir otros cambios constitucionales en un mismo proceso electoral, con el fin de optimizar recursos y evitar el desgaste político de múltiples convocatorias.
La reforma al artículo 5 y su contexto
El pasado 3 de junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó, con 82 votos, la modificación del artículo 5 de la Constitución, impulsada por el Ejecutivo desde octubre de 2024. La propuesta simplifica el texto original —que prohibía bases militares extranjeras— a una declaración genérica: «El Ecuador es un territorio de paz». Este cambio, interpretado como una puerta abierta a acuerdos de defensa con potencias extranjeras, generó controversia, especialmente por su posible alineación con intereses estratégicos de Estados Unidos u otros actores globales.
El trámite de la reforma estuvo estancado durante el anterior período legislativo, presidido por la correísta Viviana Veloz, debido a demoras en la elaboración de informes por parte de la mesa ocasional liderada entonces por Gissella Garzón (Revolución Ciudadana). Sin embargo, bajo la nueva dirección de Niels Olsen (ADN), la Asamblea aceleró el proceso, logrando su aprobación con apoyo de ADN, el Partido Social Cristiano (PSC) y un sector de Pachakutik.
¿Hacia una consulta multipropósito?
Aunque la Corte Constitucional aún debe revisar la reforma antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque el referéndum, los asambleístas oficialistas plantean que se aproveche el proceso para incluir otras reformas. Esteban Torres, presidente de la comisión ocasional que analiza cambios al financiamiento estatal de partidos políticos, señaló que sería «lógico» esperar a que avancen otras propuestas, como las reformas a los artículos 110 y 115, que buscan redefinir el modelo de financiamiento público de organizaciones políticas.
Torres argumentó que agrupar varias preguntas en una sola consulta reduciría costos operativos y evitaría la fatiga ciudadana: «No es solo un ahorro económico, sino que evita que los ecuatorianos acudan repetidamente a las urnas». La comisión que preside se reunirá en los próximos días para ajustar plazos y definir si la reforma sobre financiamiento político estará lista en uno o dos meses.
Nataly Morillo, otra voz destacada de ADN, coincidió en la necesidad de coordinar con el Ejecutivo, el CNE y la Corte Constitucional para establecer un cronograma que permita integrar ambas reformas en un «paquete único». Esta postura sugiere una estrategia gubernamental para consolidar cambios constitucionales en áreas sensibles con un solo acto democrático.
Los desafíos jurídicos y políticos
El camino no está exento de obstáculos. Primero, la Corte Constitucional debe emitir su dictamen sobre la reforma al artículo 5, cuyo texto aún no ha sido notificado formalmente, ya que la Asamblea debe adjuntar las actas de sesiones y votaciones correspondientes. Segundo, cualquier ampliación de la consulta requeriría consensos políticos más amplios, especialmente con sectores opositores que ya han criticado la falta de claridad en los objetivos de la reforma militar.
Además, el tema del financiamiento de partidos es delicado. Las reformas a los artículos 110 y 115 podrían interpretarse como un intento de rediseñar el sistema político en favor de las fuerzas oficialistas, lo que generaría resistencias.
¿Estrategia o improvisación?
La posibilidad de una consulta popular ampliada refleja la urgencia del gobierno de Noboa por capitalizar su actual respaldo legislativo y avanzar en su agenda antes de que el escenario político se complique. Sin embargo, la inclusión de temas adicionales dependerá de:
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Agilidad legislativa: Que las reformas pendientes se aprueben antes de que el CNE defina la fecha del referéndum.
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Aval constitucional: Que la Corte no encuentre vicios en las propuestas.
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Cálculo político: Que el oficialismo logre neutralizar las críticas sobre la supuesta militarización del país o el uso electoralista de las reformas.
Mientras tanto, la ciudadanía espera claridad. ¿Se trata de fortalecer la seguridad nacional y transparentar la política, o de concentrar poder bajo un discurso de eficiencia? La respuesta podría definir no solo el futuro de la consulta, sino el rumbo del gobierno de Noboa.
