El aumento de las olas de calor prolongadas en España ha puesto de manifiesto un desafío creciente: la pobreza energética estival. Familias vulnerables se ven incapacitadas para mantener un respiro térmico adecuado en sus hogares, enfrentando una disyuntiva entre soportar temperaturas extremas o afrontar facturas eléctricas imposibles de pagar.
Históricamente, la pobreza energética se asociaba con la dificultad de mantener los hogares calientes en invierno. No obstante, el cambio climático ha exacerbado esta situación, convirtiendo el problema de no poder pagar la climatización en verano en un peligro directo para la salud de las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas. Estar expuesto a temperaturas extremadamente altas sin acceso a sistemas de enfriamiento puede provocar golpes de calor, deshidratación y serias complicaciones médicas.
Vulnerabilidad económica y social frente al calor
La pobreza energética estival combina dos dimensiones de vulnerabilidad. Por un lado, la económica, relacionada con la imposibilidad de pagar facturas de electricidad cada vez más altas durante los meses de calor. Por otro, la social, ya que afecta con mayor intensidad a hogares con menos recursos, familias monoparentales encabezadas por mujeres y personas que viven en viviendas mal aisladas o con instalaciones insuficientes para enfrentar el calor.
Este suceso destaca la importancia de considerar la energía como un derecho fundamental, íntimamente relacionado con la salud, el bienestar y la dignidad humana, en lugar de tratarlo simplemente como un producto comercial.
Soluciones locales y comunitarias
Dado este reto, se generan soluciones desde la comunidad y el entorno local. Diferentes municipalidades junto a organizaciones sociales están implementando proyectos para la mejora energética, incorporando la instalación de sistemas de aislamiento y mejoras en la eficiencia de los hogares, disminuyendo la necesidad del aire acondicionado. Existen también otras propuestas que ofrecen kits de eficiencia, como bombillas de bajo consumo y ventiladores, acompañados de consejos para mejorar el uso de la energía sin perder comodidad.
La transición energética y la justicia social
Combatir la pobreza energética requiere medidas estructurales que vayan más allá de la asistencia puntual. Es imprescindible reforzar la protección de los consumidores vulnerables, garantizar el acceso a viviendas adecuadamente acondicionadas y promover políticas de eficiencia energética que incluyan a los sectores más desfavorecidos.
El cambio hacia una economía más sostenible debe ser justo y eficaz, incorporando a las personas que padecen desigualdades en el acceso a la energía. Es fundamental garantizar que la electricidad esté al alcance de todos y que las medidas para adaptarse al cambio climático consideren a las familias más vulnerables frente a las altas temperaturas. La forma en que se aborde este desafío reflejará el nivel de compromiso social y el enfoque centrado en las personas de las políticas climáticas y energéticas del país.
