El martes 3 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó, con 82 votos a favor, la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, impulsada por el presidente Daniel Noboa. Esta modificación eliminaría la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país, un tema que ha generado intenso debate político y social. Aunque la reforma aún debe superar varios pasos antes de su implementación —incluido un referéndum—, su aprobación demuestra que el gobierno mantiene una mayoría legislativa sólida para impulsar sus iniciativas.
¿Qué se aprobó exactamente?
El artículo 5 de la Constitución actual establece:
«No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.»
La reforma propuesta por Noboa simplifica este texto a una sola frase:
«El Ecuador es un territorio de paz.»
La pregunta que se someterá a referéndum será:
«¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?»
Mayoría legislativa a favor: ¿Quiénes votaron por el cambio?
La iniciativa contó con el respaldo de 82 asambleístas, superando holgadamente los 70 votos requeridos para reformas constitucionales. Entre los votantes a favor destacan legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) y un sector de Pachakutik, lo que confirma la capacidad del gobierno de Noboa para articular alianzas en el Legislativo.
Algunos de los asambleístas que respaldaron la reforma incluyen:
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Niels Olsen (ADN), presidente de la Asamblea.
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Esteban Torres (ADN), líder de la comisión de reformas constitucionales.
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Nataly Morillo (ADN), una de las voces más influyentes del oficialismo.
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Marco Olmedo (PSC), representante de uno de los partidos tradicionales.
La votación refleja una estrategia política clara: consolidar una agenda de seguridad con apoyo multipartidista, pese a las críticas de sectores de izquierda y movimientos sociales.
Próximos pasos: Corte Constitucional y referéndum
Aunque la Asamblea ya dio su aval, el proceso no termina aquí. Según el procedimiento establecido:
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Revisión de la Corte Constitucional (CC): El texto aprobado debe ser remitido a la CC para verificar su conformidad con los principios fundamentales de la Constitución. La Corte ya adelantó que la reforma busca «eliminar una prohibición constitucional», lo que sugiere un posible visto bueno.
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Convocatoria a referéndum: Una vez que la CC emita su dictamen (o transcurran 20 días sin observaciones), el presidente Noboa deberá expedir el decreto ejecutivo para la consulta popular.
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Plazo para el referéndum: El Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá 45 días para organizar la votación una vez que se formalice la convocatoria.
Debate nacional: ¿Por qué esta reforma genera controversia?
El tema divide a la sociedad ecuatoriana:
Argumentos a favor
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Seguridad y cooperación internacional: El gobierno sostiene que la medida permitirá alianzas estratégicas con potencias como EE.UU. para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
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Flexibilidad geopolítica: Eliminar la prohibición daría a Ecuador más margen para negociar acuerdos de defensa en un contexto regional complejo.
Argumentos en contra
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Pérdida de soberanía: Grupos de izquierda y organizaciones sociales advierten que la reforma podría convertir al país en un «portaaviones» de intereses extranjeros.
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Riesgo de conflictos internacionales: Algunos expertos temen que la presencia militar extranjera pueda involucrar a Ecuador en tensiones geopolíticas ajenas.
¿Qué viene después?
Si el referéndum se aprueba, Ecuador entraría en un escenario inédito:
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Negociaciones con potencias extranjeras: EE.UU. y otros países podrían buscar acuerdos para instalar bases o instalaciones militares.
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Impacto en la política interna: La oposición (especialmente Correísmo) podría usar el tema para movilizar protestas.
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Posible ampliación de la consulta: El oficialismo no descarta incluir otras reformas constitucionales en el mismo proceso, como cambios al financiamiento de partidos políticos.
